El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Se calcula que en todo el mundo, cada año, se producen 73 millones de abortos. Seis de cada diez embarazos no deseados acaban en aborto.
Pero, aunque la necesidad de someterse a un aborto es común, el acceso a servicios legales y sin riesgos de aborto dista de estar garantizado para quienes puedan necesitarlos.
De hecho, el acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo, y el acalorado debate que genera está empañado por la desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico.
Una manifestante hace una pintada en el suelo de la calle para pedir el acceso de las mujeres a un aborto seguro, libre y legal durante una concentración frente al Congreso Nacional de Buenos Aires, 10 de abril de 2018. © EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images
Se tienen abortos en todo momento, con independencia de lo que dicte la ley
Poner fin a un embarazo es una decisión común, que toman millones de personas. Todos los años, el 61% de los embarazos no deseados acaban en aborto.
Y con independencia de que el aborto sea o no legal, la gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, la tasa de abortos es de 39 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente y del 36 por 1.000 en los países que lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer. En los países que la tasa se sitúa en el 41 y el 36 por 1.000 respectivamente.
Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgos entraña, menos aún que el parto.
Pero cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. Lo que nos lleva al siguiente aspecto de la cuestión.
“El aborto es una necesidad básica de atención médica para millones de mujeres. Obligar a alguien a llevar un embarazo, por el motivo que sea, es una violación de sus derechos humanos”
Una activista de Amnistía Internacional protesta contra las nuevas restricciones en la ley del aborto en Polonia. © Grzegorz Żukowski
Penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro
Impedir a las mujeres y las niñas el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir el número de abortos; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”.
La OMS calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos peligrosos, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Cada año, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso. Se calcula que en las regiones desarrolladas, por cada 100.000 abortos peligrosos se producen 30 defunciones, mientras que esta proporción aumenta hasta las 220 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos en las regiones en desarrollo.
Activistas proaborto sostienen los icónicos pañuelos verdes a favor de la despenalización del aborto en Buenos Aires, Argentina, el jueves 28 de mayo de 2020. © AP Photo/Natacha Pisarenko
Casi todas las muertes y lesiones por aborto inseguro son evitables
Las muertes y lesiones causadas por abortos inseguros son evitables. Sin embargo, tales muertes son comunes en los países donde el acceso al aborto está limitado o prohibido por completo, pues la mayoría de las mujeres y las niñas que necesitan someterse a un aborto debido a un embarazo no deseado no pueden acceder legalmente a él.
En los países con tales restricciones, la legislación prevé normalmente una lista reducida de excepciones a la penalización del aborto. Entre ellas puede figurar que el embarazo sea consecuencia de una violación o de incesto, que se trate de un caso de malformación grave y mortal del feto o que haya riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada. Sólo un pequeño porcentaje de abortos se practica por estos motivos, lo que significa que la mayoría de las mujeres y las niñas que viven en países con este tipo de legislación pueden verse obligadas a recurrir a abortos inseguros y poner su salud y su vida en peligro.
Las que son ya personas marginadas se ven afectadas de manera desproporcionada por tal legislación, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales y sin riesgos en otro país o acceder a atención privada. Entre ellas figuran las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las mujeres bisexuales, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías o indígenas.
La OMS ha señalado que uno de los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones y muertes maternas es que los Estados garanticen que las personas tienen acceso a educación sexual, pueden utilizar métodos anticonceptivos eficaces, pueden someterse a abortos legales y sin riesgos y reciben atención con prontitud en caso de complicaciones.
Los datos disponibles indican que el 22,5% de las mujeres en edad reproductiva no encuentran satisfechas sus necesidades de planificación familiar. Los índices de aborto son más altos en los países donde el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado. Los índices de aborto se reducen cuando las personas, incluidas las adolescentes, tienen información sobre métodos anticonceptivos modernos y pueden acceder a ellos, así como cuando existe educación sexual integral y es posible el acceso al aborto legal y sin riesgos por numerosos motivos.
Manifestante a favor del aborto. © Itzel Plascencia / Amnesty International Mexico
Muchos países están empezando a modificar su legislación para permitir mayor acceso al aborto
En los últimos 30 años, más de 60 países de todos los continentes han modificado su legislación para garantizar el derecho al aborto, en ocasiones reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Argentina se sumó a esta lista el 30 de diciembre de 2020 con la aprobación por el Senado de la Ley que permite la interrupción del embarazo hasta la 14 semana de gestación. Fue el resultado de la larga lucha de las mujeres argentinas, la “ola verde” que movilizó también a mujeres de otros países bajo el lema #QueSeaLey.
También las mujeres en México han logrado un avance inmenso para poder decidir con mayor libertad sobre el embarazo. La Suprema Corte ha despenalizado el aborto el pasado 7 de septiembre de 2023, tras una decisión histórica votada por unanimidad. Ahora las mujeres saben que ya no irán a la cárcel por tomar la decisión de abortar, o simplemente porque alguien las acuse de hacerlo. En Colombia las organizaciones de mujeres reclamaron al TRibunal Constitucional y consiguieron que este despenalizara el aborto en 2022.
A pesar de la tendencia a reformar la legislación para impedir las muertes y lesiones, algunos países —entre ellos Nicaragua y El Salvador, República Dominicana, Honduras, Malta, Marruecos— mantienen leyes draconianas y discriminatorias, que siguen prohibiendo el aborto prácticamente en todas las circunstancias. De hecho, según la OMS, en todo el mundo, el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios de aborto o son inaccesibles. Esto significa que 700 millones de mujeres en edad fértil no tienen acceso a aservicios de aborto legales y seguros.
Incluso en los Estados con acceso en general a servicios legales de aborto, las personas embarazadas pueden encontrar aún múltiples restricciones y obstáculos para acceder a ellos, como el precio, la falta de imparcialidad en el asesoramiento y la existencia de plazos obligatorios de espera. En Irlanda del Norte, aunque el aborto se despenalizó en 2019, las mujeres encuentran muchos obstáculos para ver atendidas sus necsidades y pder ejercer su derecho a un aborto seguro. La OMS ha publicado una guía técnica para los Estados sobre la necesidad de identificar y eliminar tales obstáculos.
La pandemia de COVID-19 ha tensado hasta el punto de ruptura los sistemas de atención médica de todo el mundo. A consecuencia de ello, a muchas personas les está resultando más difícil que nunca acceder al aborto y la contracepción.
Marie Stopes International (MSI), una ONG que proporciona servicios de contracepción y aborto en 37 países del mundo, ha advertido de que la COVID-19 podría tener un efecto devastador en la salud materna. La organización;calcula que, en los 37 países en los que trabaja, las alteraciones causadas por la COVID-19 podrían dar lugar a 3 millones más de embarazos involuntarios, 2,7 millones más de abortos inseguros y 11.000 muertes más relacionadas con el embarazo.
Manifestantes por el derecho al aborto se manifiestan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, el miércoles 4 de marzo de 2020. © Foto AP/Jose Luis Magana
Penalizar o restringir el aborto impide a los profesionales de la salud prestar atención básica
La penalización del aborto y las leyes restrictivas sobre él impiden a los proveedores de servicios de salud hacer bien su trabajo y prestar la mejor atención posible a sus pacientes, conforme a la buena práctica médica y a sus responsabilidades éticas profesionales.
La penalización del aborto tiene un "efecto disuasorio", que puede hacer que los profesionales médicos no comprendan los límites de la ley o apliquen las restricciones de manera más estricta de lo dispuesto en ella. Esto puede deberse a varios factores, como las convicciones personales, el estigma sobre el aborto, los estereotipos negativos sobre las mujeres y las niñas o el temor a incurrir en responsabilidad penal.
También disuade a las mujeres y las niñas de solicitar atención después del aborto en caso de complicaciones provocadas por un aborto inseguro o de otras complicaciones relacionadas con el embarazo.
Con el caso real de Mª Teresa Rivera, ciudadana de El Salvador, por el que se movilizó Amnistía Internacional, podemos entender mejor lo que significa en la práctica prohibir el aborto. Ella no tuvo acceso a una educación sexual porque era pobre; se le negó el derecho a la salud porque no la atendieron cuando tuvo un aborto espontáneo; no tuvo el derecho a la intimidad médica cuando el hospital la denunció, ni el derecho a la justicia cuando la condenaron a 40 años de cárcel acusada de homicidio agravado. Como ella dice, el Estado que tenía que protegerla no lo hizo. Ahora, después de pasar más de 4 años en la cárcel, vive en Suecia con el estatuto de refugiada. Para otorgárselo se consideró que había sufrido tortura por parte del Estado salvadoreño y corría riesgo de volver a ser encarcelada.
“Me decían que era una asesina, que había matado a mi hijo, cuando yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. También me preguntaban con qué había cortado el cordón umbilical… Yo les miraba y les decía que no había cortado nada”.
Manifestantes por el derecho al aborto se reúnen frente a la Corte Suprema de Justicia en Washington. © AP / Jacquelyn Martin.
No son sólo las mujeres y las niñas las que necesitan servicios de aborto
No son sólo las mujeres y las niñas las que pueden necesitar acceso a servicios de aborto, sino también las personas intersexuales, transexuales o cualquier persona con capacidad reproductiva para quedarse embarazada.
Uno de los mayores obstáculos que encuentran estos grupos para acceder a servicios de aborto es la falta de acceso a la atención de la salud. Además, en el caso de las que sí tienen acceso a la atención de la salud, pueden sufrir estigma y opiniones prejuiciosas en la prestación de servicios de salud, así como la presunción de que no necesitan acceso a información y servicios relacionados con la contracepción y el aborto. En algunos contextos, el 28% de las personas transgénero denuncian sufrir hostigamiento en los entornos médicos, y el 19% afirman que se les niega por completo la atención medica debido a su condición transgénero, siendo aún mayor el porcentaje en las comunidades de color. Esto se debe a muchos factores interrelacionados de pobreza, raza y discriminación múltiple conexa.
Los defensores y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y los activistas y las activistas de los derechos LGBTI hacen campaña para sensibilizar sobre esta cuestión y conseguir que los servicios de aborto sean accesibles e inclusivos para todas las personas que los necesiten sin discriminación por ningún motivo.
Una mujer sostiene una pancarta durante la celebración del Día Internacional de la Mujer en Montevideo, Uruguay, 8 de marzo de 2020. © REUTERS / Andres Cuenca Olaondo
Penalizar el aborto es una forma de discriminación, que fomenta aún más el estigma
En primer lugar, la negación de servicios médicos, incluidos los servicios de salud reproductiva, es una forma de discriminación.
El comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW o Tratado de los Derechos de las Mujeres) ha manifestado constantemente que las leyes sobre el aborto restrictivas constituyen discriminación contra las mujeres. Esta afirmación es aplicable a todas las mujeres y todas las personas que puedan quedarse embarazadas, pues el Comité de la CEDAW ha confirmado que las salvaguardias de la Convención y las obligaciones de los Estados conexas se aplican a todas las mujeres e incluyen, por tanto, la discriminación contra las mujeres que son lesbianas, bisexuales y/o transgénero, especialmente si se tienen en cuenta las formas específicas de discriminación que sufren.
En segundo lugar, el estigma en torno al aborto y los estereotipos de género están estrechamente relacionados con la penalización del aborto y otras leyes políticas restrictivas sobre el aborto.
La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal de los servicios de salud, la familia y los jueces, entre otros, estigmaticen a las mujeres y las niñas. Aunque el derecho al aborto en España está garantizado en la ley (con los plazos y requisitos establecidos), sin embargo la inmensa mayoría de las intervenciones se realizan en clínicas privadas concertadas. Y esto es así porque los hospitales públicos eluden hacer este trabajo y desatienden este derecho, alegando la objeción de conciencia del personal sanitario. Como el derecho al aborto que da la ley no puede quedar anulado por la conciencia individual del personal sanitario, el “falso” dilema se resuelve derivando a las mujeres a las clínicas concertadas.
Esta situación se agrava porque siempre hay grupos antiaborto a las puertas de las clínicas privadas que acosan con insultos y amenazas a las mujeres que asisten a ellas. En marzo de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica1/2023, de 28 de febrero por la que se amplían derechos y nuevas medidas para garantizar su plena aplicación. En este último sentido se establece la obligación de que cada hospital cuente con la relación de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres.
Una persona pasa junto a un letrero en una acera de Johannesburgo, Sudáfrica, el martes 18 de agosto de 2020. Millones de mujeres y niñas en todo el mundo han perdido acceso a anticonceptivos, servicios de aborto y atención relacionada a causa de la pandemia de coronavirus. © Foto AP/Denis Farrell
El acceso al aborto sin riesgos es una cuestión de derechos humanos
El acceso a servicios de aborto sin riesgos es un derecho humano. Según el derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación ni tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El derecho de los derechos humanos especifica claramente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son sólo nuestras, principio que se conoce como “autonomía física”.
Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la intimidad y a la autonomía física.
En muchas circunstancias, quienes no tienen más opción que recurrir a un aborto inseguro corren además riesgo de procesamiento y sanción, incluida prisión, y pueden también exponerse a sufrir trato cruel, inhumano y degradante, discriminación y exclusión en el acceso a servicios esenciales de atención a la salud después del aborto.
El acceso al aborto está, por tanto, esencialmente ligado a la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las demás personas que pueden quedarse embarazadas y a la consecución, por consiguiente, de justicia social y de género.
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.
Amnistía Internacional iniciamos una Campaña Global el 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, que vamos a desarrollar hasta marzo de 2024. El objetivo es defender el derecho efectivo al aborto, mostrar el impacto que tiene su prohibición entre las personas que lo necesitan y denunciar las barreras que deben enfrentar las defensoras y defensores de este derecho y quienes prestan la atención médica.
