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Un conflicto cada vez más intenso
Las revueltas populares que estallaron en Yemen en 2011, en el marco de los levantamientos en toda la región, obligaron al entonces presidente Ali Abdullah Saleh a abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33 años, entre acusaciones de corrupción y gobernanza fallida, y en el contexto de un prolongado conflicto no resuelto con los huzíes, grupo armado del norte del país cuyos miembros siguen una rama del islam llamada zaidismo.
Saleh fue sustituido por su vicepresidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, lo que permitió organizar la Conferencia de Diálogo Nacional, un proceso consultivo nacional de transición que intentó abordar asuntos relativos a la gobernanza, la estructura y la reforma del Estado, así como las reivindicaciones planteadas durante las protestas. Después de dos años de consultas, la Conferencia presentó un proyecto de nuevo mapa federal que dividía Yemen en regiones sin tener en cuenta las reivindicaciones de carácter socioeconómico o regional relativas a la distribución de los recursos naturales, las regiones comerciales y agrícolas o el acceso a los puertos. El mapa recibió un apoyo popular mínimo y la firme oposición de diferentes facciones, entre ellas los huzíes.
Los huzíes aprovecharon entonces el descontento popular para consolidar su control de la gobernación de Saada y zonas circundantes en las regiones septentrionales de Yemen. En septiembre de 2014, los huzíes lograron extender su control territorial, tomando varias posiciones de las fuerzas armadas y de seguridad en la capital, Saná, operaciones que se vieron facilitadas en cierta medida por la recién forjada alianza de conveniencia con el ex presidente Saleh, contra el cual habían luchado durante decenios.
Tras la toma de Saná por los huzíes a principios de 2015, el presidente Hadi y los miembros de su gobierno se vieron obligados a huir.
El 25 de marzo de 2015, una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) intervino a petición del presidente Hadi, con el objetivo de instalar de nuevo en el poder al gobierno reconocido internacionalmente.
Esta operación señaló el comienzo de un conflicto armado abierto al iniciar la coalición una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes. En los cuatro años siguientes, el conflicto se extendió hasta afectar a todo el país y las partes en el conflicto se multiplicaron, entre ellas algunos grupos armados respaldados por la coalición. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos adiestran, financian y arman activamente a diferentes grupos armados desde el segundo semestre de 2015, favoreciendo de ese modo la proliferación de innumerables milicias como el Cinturón de Seguridad, los Gigantes y las Fuerzas de Élite.
En diciembre de 2017, los huzíes consolidaron aún más su control tras asesinar a su aliado y ex presidente Ali Abdullah Saleh, y en la actualidad siguen controlando la mayoría de los centros de población, incluido Saná.
Después de más de un año de combates intermitentes en Hudaida y sus alrededores, que se saldaron con cientos de víctimas civiles, a finales de 2018 concluyeron en Suecia unas conversaciones respaldadas por la ONU que dieron lugar a acuerdos en relación con varias medidas destinadas a fomentar la confianza, como el intercambio de prisioneros y un alto el fuego precario en Hudaida.
“No fuimos por los bombardeos y la guerra a nuestro alrededor. Disparaban morteros por encima de nuestras cabezas. Todos los días moría gente, todos los días veíamos a nuestro alrededor cuerpos que habían saltado por los aíres hechos pedazos. ¿Acaso podemos quedarnos allí? Teníamos que irnos para escapar vivos. No podíamos vivir con ese peligro.”Hassan, pescador de 26 años, desplazado del pueblo de Qataba, en Al Jawjah
Se han cometido y se siguen cometiendo hasta el día de hoy en todo el país violaciones graves de derechos humanos, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de crímenes de guerra. La población civil está atrapada en medio del conflicto. Más de 17.640 personas han muerto o han resultado heridas y una crisis humanitaria causada por el ser humano se ha intensificado: aproximadamente 14 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria.
Hasta fechas recientes, gran parte del mundo ignoraba la existencia de este encarnizado conflicto y apenas tenía noticia de sus devastadoras repercusiones para las personas atrapadas en medio del conflicto. Sin embargo, el año pasado el conflicto adquirió mayor notoriedad y ha aumentado la presión sobre todas las partes implicadas. Varios países, como Países Bajos y Grecia, respondiendo a la presión de la opinión pública, han suspendido total o parcialmente las ventas de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición. A raíz del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, varios Estados europeos anunciaron la suspensión de las transferencias de armas a Arabia Saudí, como Noruega, Finlandia y Dinamarca.
La lucha de la población civil por la supervivencia
La población civil se lleva la peor parte de la violencia en Yemen. Además de causar muertes y heridas a miles de civiles, las partes en el conflicto han exacerbado una crisis humanitaria que ya era grave, producto de años de pobreza y mal gobierno, provocando un inmenso sufrimiento humano.
Al tratarse de un conflicto prolongado, los mecanismos de afrontamiento de la población civil se ponen a prueba en grado extremo. Actualmente, 22 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Según UNICEF, el conflicto ha impedido que un millón de personas empleadas en el sector público perciban su salario durante dos años, y la organización calcula que 12 millones de yemeníes, incluidos niños y niñas, dependerán de la asistencia alimentaria en 2019.
Las terribles condiciones económicas han agravado la crisis humanitaria ya catastrófica en el país. Ante la inflación del rial yemení y la incapacidad del gobierno para pagar los salarios del sector público, en septiembre de 2018 se registró una oleada de manifestaciones que se extendieron por todo el sur de Yemen, y en las que la población protestó contra la corrupción y culpó al gobierno del deterioro de la economía, que impide que la inmensa mayoría de la población yemení pueda comprar productos básicos.
Mientras tanto, la batalla intermitente por Hudaida que comenzó a finales de 2017 ha causado cientos de víctimas civiles; la ONU ha informado de que casi un millón de personas huyeron de la gobernación durante el año. Según personas que huyeron, las carreteras minadas, los puestos de control huzíes y los peligros del camino habían hecho que, para algunas personas, lo que tenía que haber sido un trayecto por carretera de seis horas por término medio desde Hudaida hasta Adén se hubiera convertido en un terrible suplicio de hasta tres días de duración.
“Fue un viaje de verdad difícil. Por Dios que sufrimos. Había cohetes volando por encima de nosotros. Nos paraba alguien y decía que había proyectiles, y luego nos paraba alguien más y decía que había minas terrestres, así que no hacíamos más que gritar. Estuvimos todo el camino, desde que salimos hasta que llegamos, gritando y llorando. Vimos cuerpos muertos y vimos otros que estaban hechos pedazos. No fuimos sin pensar si sobreviviríamos. Pensábamos que seguramente moriríamos [pero] al final lo que esperábamos era morir en vez de pasar por lo que pasamos.”Mujer de 25 años de Qataba
El coste humano del conflicto
+6.872
civiles muertos y +10.768 heridos desde 2015
2,2 mill
personas obligadas a huir de sus hogares a causa de los combates
22 mill
personas que necesitan ayuda humanitaria
Todos los bandos cometen abusos y violaciones de derechos humanos
El 28 de agosto, el Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales de la ONU sobre Yemen publicó su primer informe, en el que llegaba a la conclusión de que todas las partes en el conflicto podían ser culpables de crímenes de guerra. Las conclusiones del Grupo de Eminentes Expertos se suman al cúmulo de datos que indican que todas las partes en el conflicto de Yemen han actuado con absoluto desprecio por las vidas de civiles en los últimos cuatro años.
Desde 2015, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y bienes civiles, que han afectado a viviendas, escuelas, hospitales, mercados, mezquitas, bodas y entierros. Amnistía Internacional ha documentado 41 ataques aéreos de la coalición que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Estos ataques han causado 512 muertos y 433 heridos entre la población civil.
En un caso documentado por Amnistía, el 25 de agosto de 2017, una bomba de alta precisión guiada por láser del modelo Paveway, fabricada por la empresa estadounidense Raytheon, hizo blanco en viviendas civiles de la ciudad más poblada de Yemen, Saná. La niña Buthaina, de 5 años, fue la única superviviente de su familia; perdió a 5 hermanos de entre 2 y 10 años y a sus dos progenitores.
Además, la coalición ha empleado municiones de racimo, armas explosivas letales cuyo uso está prohibido por el derecho internacional. Al ser lanzadas, estas armas liberan decenas —a veces cientos— de “minibombas” que a menudo quedan sin explotar y pueden causar terribles heridas mucho después del ataque inicial. Amnistía Internacional ha documentado el uso por la coalición de seis tipos distintos de municiones de racimo, incluidos modelos fabricados en Brasil, Estados Unidos y Reino Unido en las gobernaciones de Saná, Amran y Saada.
A diario se usan armas imprecisas en zonas residenciales, que causan víctimas civiles; este tipo de ataques indiscriminados violan las leyes de la guerra.
Sobre los grupos armados también pesan acusaciones de diversos abusos contra los derechos humanos, como el uso de armas imprecisas en zonas residenciales. Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado el impacto del prolongado conflicto armado en Taiz, incluidos los bombardeos indiscriminados de fuerzas huzíes y otras milicias que han causado cientos de víctimas.
“Vi también a un hombre caminando lo más rápido que podía mientras llevaba una bolsa con su propia orina. Iba todavía conectado a una sonda urinaria mientras huía. No olvidaré esta escena mientras viva. También había muchos niños y niñas. Algunos padres llevaban a sus hijos o hijas. Vi a 10 o 12 niños y niñas entre la gente que trataba de huir. ”Trabajador médico del hospital de Al Thawra
Asimismo, en mayo de 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 34 civiles que habían llegado a Adén tras haber sido desplazados por los enfrentamientos de varias poblaciones y ciudades de la gobernación de Hudaida. Estas personas hablaron de terribles ataques con morteros, ataques aéreos, minas terrestres y otros peligros en el marco de la nueva ofensiva de Hudaida. Las fuerzas huzíes también han militarizado hospitales deliberadamente: emplazaron combatientes en el tejado de un hospital en pleno funcionamiento en Hudaida, poniendo en peligro a numerosos civiles en el interior del edificio.
No obstante las operaciones militares, todas las partes en el conflicto también han contribuido activamente a la crisis humanitaria en Yemen. La coalición ha impuesto restricciones a la entrada en Yemen de productos y ayuda esenciales como alimentos, combustible y suministros médicos, mientras que las autoridades de facto huzíes han obstaculizado el movimiento de ayuda humanitaria dentro del país. Estas restricciones han afectado negativamente al acceso de la población civil yemení a servicios básicos y necesarios, como alimentos y agua potable. Han tenido graves repercusiones para la prestación de atención de la salud, en parte como consecuencia de la falta de disponibilidad de combustible para que los hospitales funcionen.
El prolongado conflicto ha dado lugar a un vacío político y de seguridad y al establecimiento de un refugio seguro para grupos armados y milicias, con la ayuda de otros Estados. Una investigación de Amnistía Internacional reveló que se ha violado a niños de sólo ocho años en la ciudad yemení de Taiz. Todavía no se ha obligado a rendir cuentas a los presuntos perpetradores, entre los cuales hay miembros de milicias respaldadas por la coalición.
- Personal hospitalario rescata los restos no dañados de los medicamentos y el material que se encontraban en la sala de urgencias del hospital de Médicos sin Fronteras en Abs (gobernación de Hajjah), cuando fue alcanzado por un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí, el 19 de agosto de 2016. En un país en el que, en el mejor de los casos, el acceso a la atención médica es deficiente, el hospital Rural de Abs era el único centro que daba servicio a más de 2.000 personas desplazadas in situ, y a miles más por toda la costa, desde la frontera noroccidental hasta las afueras de Al Hudayda. © Rawan Shaif
- El 9 de julio, Suud Amer, de 52 años, perdió ambas piernas en un ataque con mortero, cuando recogía agua de un grifo situado a pocos metros de la escuela Omar Ben Khattab, en el barrio de Adén conocido como Al Gharbia. “Estaba llenando el bidón cuando oí una explosión cerca. [Luego], otra explosión me hizo salir despedida. Perdí la pierna derecha y la izquierda quedó casi amputada”.
- Estos niños cubren de tierra la tumba recién excavada del periodista Al Mjdad al Mojal, muerto por heridas de metralla recibidas durante un ataque aéreo de la coalición, ocurrido al norte de Saná, el 17 de enero de 2016. En el momento de su muerte, Al Mjdad estaba investigando la escena de otro ataque aéreo en el que habían muerto 22 civiles tres días antes. En la guerra de Yemen, se ha hecho habitual la técnica de ataque conocida como “par controlado”, que consiste en disparar dos o más veces contra el mismo objetivo en un corto espacio de tiempo. © Rawan Shaif
- 20 de febrero de 2016: Um Abdulrahman lleva en brazos a su hijo de 10 meses. A causa de los bombardeos aéreos de la coalición, han tenido que huir de su hogar en la gobernación de Sada —bastión huzí en el norte del país—, y ahora viven en la vecina gobernación de Amran, un campo para personas internamente desplazadas. © Rawan Shaif
- Algunas personas transportan el cadáver de Muhammad Mansour, sacado de los escombros de una casa destruida por un ataque aéreo dirigido por Arabia Saudí en Saná (Yemen) el 25 de agosto de 2017. Su hija, Buthaina Muhammad Mansour, sobrevivió al ataque, pero ocho miembros de la familia —entre ellos cinco niños y niñas— perdieron la vida, según contaron otros familiares. - © REUTERS / Khaled Abdullah
- Buthaina al Raymi, de cinco años, en el hospital, algunos días después del ataque aéreo que causó la muerte de toda su familia. El ataque aéreo efectuado por la coalición dirigida por Arabia Saudí el 25 de agosto alcanzó un grupo de casas en Saná, causó graves daños en tres de ellas y mató a siete niños y niñas, entre ellos los cinco hermanos y hermanas de Buthaina. La bomba que destruyó un edificio residencial en la capital de Yemen el mes pasado, y mató a 16 civiles e hirió a otros 17 —entre ellos Buthaina, de cinco años, que perdió a toda su familia en el ataque—, estaba fabricada en Estados Unidos. - © Rawan Shaif
- Essa Bakri, padre de Ayman Bakri, conductor de ambulancias de 16/17 años de edad, que murió en agosto de 2016 durante el bombardeo aéreo lanzado contra un hospital de Médicos sin Fronteras en Abs (gobernación de Hajjah). “Estaba en casa, comiendo con nosotros, cuando le llamaron para que llevara a una paciente al hospital”. En cuanto lanzaron el ataque, su padre sintió que se le partía el corazón. “Lo buscamos por todas partes”. Cuando encontraron a Ayman, seguía sosteniendo a la paciente en sus brazos. Estaba carbonizado. Destrozado por el dolor y consternado, Essa afirma: "mi esposa no volverá a ser la misma, ahora que se han llevado a nuestro hijo". - © Rawan Shaif
Muchacho de 16 años, que afirma haber sido violado por un miliciano afín a los islahistas en una zona de la ciudad de Taiz controlada por ellos
Me golpeó con la culata de su fusil y dijo: Te voy a violar. Yo empecé a llorar. Me agarró por el cuello y me empujó al suelo. Yo comencé a gritar. Me golpeó de nuevo y me violó.
Detenciones
Todas las partes en el conflicto han llevado a cabo prácticas ilegales, como detención arbitraria, desaparición forzada y tortura y otros malos tratos.
Las fuerzas huzíes han detenido y recluido arbitrariamente a personas críticas y oponentes, así como a periodistas, personas que defienden los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, y han sometido a decenas de personas a juicios sin las debidas garantías, reclusión en régimen de incomunicación y desaparición forzada. Amnistía Internacional ha documentado el caso de 10 periodistas que están detenidos arbitrariamente bajo custodia de los huzíes, sin cargos ni juicio, desde 2015. Recluidos en régimen de incomunicación, han sufrido tortura y se ha limitado su acceso a asistencia letrada, familiares y atención de la salud. En febrero de 2019, las autoridades de facto huzíes acusaron al grupo de periodistas de cargos por los que pueden ser condenados a muerte.
El gobierno yemení reconocido internacionalmente ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente a personas que defienden los derechos humanos y otros activistas. Fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos han llevado a cabo en el sur de Yemen una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En mayo, Amnistía Internacional investigó en Yemen los casos de 51 hombres recluidos en una red de prisiones secretas por fuerzas yemeníes y de Emiratos Árabes Unidos que operaban al margen del mando de su propio gobierno; los casos implicaban atroces violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos que constituían crímenes de guerra.
Armas que alimentan la crisis
Desde que estalló el conflicto, un consorcio de Estados ha suministrado a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos material militar por valor de más de 15.000 millones de dólares de EE. UU. Aunque el principal receptor ha sido Arabia Saudí, Estados occidentales también han suministrado a Emiratos Árabes Unidos buques de guerra, aviones de combate, tanques, vehículos acorazados, armas pequeñas, armas ligeras y repuestos y munición asociados por valor de más de 3.500 millones de dólares.
A pesar de los abrumadores indicios que señalan que estas armas se están usando para cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos en Yemen, Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países europeos siguen suministrando armas a los miembros de la coalición, vulnerando obligaciones como las que establece el Tratado sobre el Comercio de Armas de ámbito global para los Estados partes, así como la normativa de la Unión Europea y la legislación nacional.
“Desde que estalló el conflicto, un consorcio de Estados ha suministrado a la coalición material militar por valor de más de 15.000 millones de dólares de EE. UU.”Amnistía Internacional
Una investigación basada en fuentes de acceso público llevada a cabo por Amnistía Internacional puso de relieve el peligro creciente en el conflicto de Yemen debido a que Emiratos Árabes Unidos está armando a las milicias de manera irresponsable con una diversidad de armas avanzadas. La investigación pone de manifiesto cómo Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un importante canal de distribución de vehículos acorazados, sistemas de mortero, fusiles, pistolas y ametralladoras, que se están desviando ilegalmente a incontables milicias acusadas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos.
Sólo un reducido número de países, como Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suiza, han dejado de vender y transferir armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición.
Amnistía Internacional insta a todos los Estados a que garanticen que no se suministra a ninguna de las partes en conflicto en Yemen —directa o indirectamente— armas, municiones, equipos militares o tecnología que se puedan utilizar en el conflicto hasta que cesen estas graves violaciones. Esto abarca también el apoyo logístico y económico a estas transferencias.
España no puede ser cómplice de las atrocidades cometidas por la coalición que lidera Arabia Saudí en Yemen
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